Rafael Núñez, vocero de Leonel Fernández, dice Procuraduría usa expediente como chantaje

Rafael Núñez, vocero de Leonel Fernández, dice Procuraduría usa expediente como chantaje

Santo Domingo.-El exdirector de la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia, convertida en Dirección de Comunicación de la Presidencia, y vocero del expresidente Leonel Fermández, Rafael Núñez ,acusó a la Procuraduría General de la República de “hacer justicia selectiva y usar expedientes de corrupción “como chantaje”, y le atribuyó ser “muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político”.

 

En una comunicación de prensa, afirmó que la opinión pública “está consciente” de la actuación de la Procuraduría porque “utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del Ministerio Público”, Francisco Domínguez Brito.

La reacción de Núñez se produce luego que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), removiera una investigación que desde hace tres años reposa en esa dependencia, para ordenar el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas, general PEDRO Rafael Peña Antonio, un excoronel de la Fuerza Aérea de la República; el coronel activo de la Fuerza Aérea, Carlos Picini Núñez, y dos civiles, involucrados en presuntos sobornos en la compra de los aviones Súper Tucano.

“Ojalá que la acción del Pepca no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, declaró el exdirector de Prensa de la Presidencia.

Agregó que cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández u otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera, y que es ahí que debe probar su inocencia.

Observó que el país no puede, sin embargo, ver con buenos ojos que desde la Procuraduría General de la República se intente hacer justicia selectiva o usar expedientes como forma de chantaje.

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