Procuraduría pide prisión contra militares e inspectores de Migración

Procuraduría pide prisión contra militares e inspectores de Migración
Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República solicitó al Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional  prisión preventiva en contra de un grupo de 15 personas, incluyendo  inspectores de Migración, militares y civiles, a los que acusa de tráfico ilícito de migrantes.

 

Los acusados son  Javier Liriano Féliz, y su madre Benedicta Feliz Medina; Roy Miguel Liriano Feliz, Rafael Federico Pérez Pérez, Juan José Ortega Heredia, Miguel Euclides Laureano Reyes, Isael de Jesús Ayala de la Cruz, Mónika Gissel Pérez Rodríguez, Pedro Bienvenido Ventura Rodríguez, Kelin Mora García, Ivelisse de Morla Zorrilla, Ramón Antonio Valdez Díaz, Flor Ángel Encarnación, Michael Villar Reyes y Richard de Jesús Pérez.

La solicitud de medida de coerción fue hecha a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y  Trata de Personas.

Ese organismo pidió, además, que el caso sea declarado complejo,  lo cual permitiría al Ministerio Público contar con más  tiempo para  investigar y presentar los elementos de prueba.

Esa unidad estará representada en el proceso por los procuradores fiscales  Ricardo Manuel Pérez Sterling, Belkis Fiordaliza Ulloa Uceta y Alba Eshter Corona.

La medida de coerción será conocida hoy a partir de la cinco de  tarde por el juez Honorio Suzaña.  Según el expediente, la solicitud de medida de coerción fue depositada en el tribunal de atención permanente a las 12:00 de la media noche de este sábado.

Los acusados  se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en espera de que se les conozca la medida de coerción.

El Ministerio Público acusa al grupo de 15 personas de ser autores o cómplices de las infracciones de tráfico ilícito de migrante, falsificación de documentos públicos, pasaportes, billetes de banco, sellos, timbres, papel sellado y marcas del Estado, y doble identidad agravado,  en violación a los artículos 1, 2 y 7 de la ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, 139, 147, 148 del Código Penal dominicano, así como 13 de la ley 8-92 sobre Cédula, en perjuicio del Estado dominicano.

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