Malabares del Gobierno de Puerto Rico para ganar liquidez llegan a tribunales

Malabares del Gobierno de Puerto Rico para ganar liquidez llegan a tribunales

EFE

San Juan.- Los malabares del Gobierno de Puerto Rico para ir consiguiendo liquidez con la que mantener los servicios públicos y pagar la deuda garantizada por su Constitución están empezando a llegar a los tribunales de la mano de bonistas y aseguradoras.

Así, Financial Guaranty Insurance, que asegura alrededor de 1.200 millones de dólares en deuda pública de la isla, ha presentado esta semana una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y otros altos cargos públicos.

La demanda, que se puede consultar hoy en el registro electrónico judicial, surge a raíz de la decisión del Gobierno de transferir fondos destinados a pagar bonos de ciertas corporaciones públicas hacia el pago de la deuda respaldada constitucionalmente.

Esta demanda se suma a una similar presentada previamente por Assured Guaranty y Ambac Financial Group (con unos 1.500 y 1.100 millones de dólares asegurados, respectivamente), que ven inconstitucional la cláusula de retención de ingreso de las corporaciones públicas para pagar parte de la deuda garantizada (lo que se conoce como “clawback”).

Ese desvío de fondos tuvo lugar cuando el pasado 1 de enero se derivaron 164 millones de dólares de varias corporaciones públicas para ayudar a cubrir los 331,6 millones que se debían pagar para atender el vencimiento de obligaciones generales (GO) del Gobierno. Cuando el pasado junio García Padilla dijo que la deuda era impagable, ya advirtió que era previsible una avalancha de demandas.

Esta semana advirtió además de que todo el dinero que se destine a litigios se restará de los fondos disponibles para honrar la asfixiante deuda de más de 72.000 millones de dólares. Igualmente insistió en la necesidad de que el Congreso federal permita a las empresas públicas de la isla acogerse a la ley estadounidense que regula las quiebras, lo que le permitiría reestructurar su deuda de forma ordenada.

“Es lamentable que el Congreso no haya actuado aún para establecer un proceso ordenado de reestructuración de nuestra deuda que sea positivo tanto para el ELA (Estado Libre Asociado) como para los acreedores”, dijo en una comparecencia ante la prensa.

Con ese mismo propósito de presionar al Congreso, el secretario federal del Tesoro, Jack Lew, visitó el miércoles San Juan, desde donde reiteró que la Administración de Barack Obama hace todo lo posible, pero que la verdadera solución depende del Congreso, y concretamente de los republicanos, que se niegan a apoyar una propuesta del Gobierno.

Esa propuesta habla de permitir que Puerto Rico se acoja a la Ley de Quiebras, crear una junta de control fiscal para supervisar el manejo de las cuentas públicas por parte del Gobierno puertorriqueño, mejorar la financiación de la sanidad pública e incentivar la creación de empleo.

El presidente de la Cámara federal de Representantes, el republicano Paul Ryan, se comprometió recientemente a que a finales de marzo se aprobarían medidas para ayudar a Puerto Rico a superar la crisis de liquidez.

Mientras, el Gobierno negocia por separado con los titulares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la compañía pública que monopoliza el mercado en la isla y que acumula una deuda de más de 9.000 millones de dólares.

Sus bonistas aceptaron una quita de la deuda y ahora están inmersos en la negociación de un plan de pago y de viabilidad de la empresa pública que las autoridades puertorriqueñas se habían propuesto presentar hoy como muy tarde. Sin embargo, en el Legislativo aún están debatiendo enmiendas.

El presidente de la Comisión Especial para una Nueva Política Energética, Jesús Santa, dijo este viertes a la prensa que el acuerdo podría votarse la semana próxima.

El Gobierno pretende que el resto de acreedores también entiendan que la isla está inmersa en una “crisis humanitaria” y que necesita de ellos ciertas concesiones para reducir la carga que supone la deuda y los correspondientes intereses.

En paralelo, el Tribunal Supremo de EE.UU. dirime estos días sobre la llamada Ley de Quiebra Criolla, una ley que en su día elaboró expresamente el Gobierno de la isla para regular la suspensión de pagos de las empresas públicos a la vista de que no se le autorizaba a acogerse a la equivalente legislación federal.

Este caso será seguido con mucha atención a nivel local, entre otros motivos porque también podría implicar que los jueces del Supremo se pronunciaran sobre el grado de autogobierno de Puerto Rico y su sometimiento a Washington.

Authors

Related posts

Top