Jueces TC fallan 10 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad

Jueces TC fallan 10 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad

Santo Domingo.-El Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC) declaró este lunes 20 de junio en estado de fallo diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.

La audiencia fue encabezada por su presidente, magistrado Milton Ray Guevara y en el primer expediente fallado: TC-01-2014-0020, el representante de la Razón Social Voz, S.R.L, no compareció, objetaba el artículo mil 384 del Código Civil dominicano, norma emanada del Senado y la Cámara de Diputados.

Ambos organismos fueron representados por Virginia Mercedes Méndez, Adelsa Joaquín y Jerry de Jesús Castillo, quienes pidieron se declare inadmisible por no cumplir con las formalidades que exige el proceso, mientras el procurador
adjunto, Máximo Suarez opinó en igual sentido.

Al fallar el expediente TC-01-2014-0033, en el que Juan Peña Santos representó a Bienvenido Pérez Montaño, que objetó el decreto número 253-13, del 7 de septiembre de 2013 y la Resolución 953/2013 del 10 de septiembre del mismo año, normas emanadas del Poder Ejecutivo y la Junta de Retiro del Ministerio de las Fuerzas Armadas, representada por Arisleyda Mora y July Morillo.

Los abogados actuantes pidieron que se rechace por improcedente y mal fundado el expediente, mientras el representante del procurador general de la República y el Poder Ejecutivo, Máximo Suárez, opinó que se declare la acción inadmisible.

El Pleno del TC declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2014-0044, en el que la  Fundación Bienvenida y Yapur, Inc., representada por Sergio de Jesús Ozoria, objetó el acta de cesión administrativa del 9 de julio de 2013 y la Ley número 126 que deroga y sustituye la 134 sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas.

Las autoridades de las cuales emanaron el acto y la norma atacados son el Juzgado de Paz del municipio de Villa Bisonó, provincia Santiago y el Congreso Nacional, a través del Senado y la Cámara de Diputados. El tribunal otorgó un plazo de dos días a las partes para ampliar el dispositivo de sus conclusiones.

La alta corte falló el caso TC-01-2016-0012 en el que María de la Paz Onaney Parra Landestoy, representada por Nelson Rafael Santana Atiles, actuó contra la Ley número 5924 de Confiscación General de Bienes, del 26 de mayo de 1962, emanada del Senado y la Cámara de Diputados.

El magistrado Ray Guevara explicó que fueron fusionados los expedientes: TC-01-2016-0013 y TC-01-2016-0014 por razón de economía procesal, al atacar la misma norma.

En ambos, representó a los accionantes Dualme Hernández. En el primero la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, Inc. (ADIA) y los Ingenieros Danilo Severino, Héctor Miguel Abreu A, Luis Francisco Tejeda Ortiz, José Espinal Beato, Máximo Popa Contreras y Roberto Antonio Mirambeaux Casso, quienes objetan el artículo 4 de la Ley número 379-81 sobre el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Estado Dominicano, del 11 de diciembre de 1981.

La norma emanó del Senado, representado por Santiago Merán, quien propuso se declare inadmisible por tratarse de una medida administrativa judicial, en tanto que representante de la Cámara de Diputados dejó el caso al parecer del alto tribunal.

En el otro expediente actuaron Eliseo Alberto González Pérez, Francisco de León Amparo, Nelson Modesto Romero Gómez, Lourdes del Rosario Marte Mena, José Augusto Cabrera Jiménez, Leonel Augusto Duarte Tavares, Francisco Antonio Bretón Jiménez, José Oscar Navarrete Martínez, Héctor R. Iñiguez, Fernando Arturo Morcelo, Nelson Casimiro Oller Javier, Héctor Miguel Abreu Martínez, Juanito Isbelio Montilla Alcántara, Gilberto Antonio de los Santos Figueroa, Luis Ernesto Segura Guillermo, Milagros Martínez Esquea, Avelino de León Jiménez, Romer Polanco, Josefina Turbidez, José Raúl Pérez Durán y Sarah Ivelisse Báez Montás. En éste caso el procurador Suárez opinó que se acoja la acción parcialmente.

El TC falló el expediente TC-01-2016-0015, en el que Pablo Rondón Perozo, y la Asociación de Taxistas Turísticos del Municipio de San Rafael de Yuma, en la provincia La Altagracia, objetaron la Resolución número 93/2016 del 7 de marzo de 2016, del Ministerio de Turismo.

Justiniano Estévez y Manuel Emilio Gómez, representaron a los accionantes y presentó el caso con algunas variantes del dispositivo antes depositado, razón por la que Pavel Javier, al representar al interviniente voluntario, la Confederación Dominicana de Transporte Turístico (Codotatur) solicitó un plazo para ampliar sus conclusiones. El Ministerio de Turismo fue representado por Félix Alberto Melo y Bolívar Germán Ramírez.

La alta corte dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2016-0016 que tuvo como accionante a Luis Darío Silvestre de la Cruz Consuegra, representado por Edison Manuel Duran y Alfredo Ramírez, objetando el decreto número 387-07, del 17 de agosto de 2007, emanado del Poder Ejecutivo. Pidieron que sea acogida la acción y que se declare inconstitucionalidad el referido decreto que puso en retiro al actuante. El procurador adjunto, Máximo Suárez, opinó que la acción se declare inadmisible y se rechace por ser un acto administrativo particular.

Igualmente fue fallado el caso TC-01-2016-0017, en el que Miguel Rosario Sánchez, representado por José Vega Sánchez y José Alfredo Rosario atacó la sentencia número 118-16, del 24 de febrero de 2016, emanada de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia y cerró la audiencia con el expediente TC-01-2016-0020, cuyo accionante Jaime Rafael Placencio Pérez, representado por el abogado Luis Francisco del Rosario Ogando, atacó la sentencia número 25, del 27 de enero de 2016, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, porque según sustentó viola la Carta Magna y otras leyes. El procurador adjunto Máximo Suárez opinó que la acción debe declararse inadmisible y ser rechazada en el fondo.

 

Authors

Related posts

Top